Niegan tutela que exigía regreso inmediato a clases presenciales en colegios

Por cuenta de la pandemia, la inmensa mayoría de los 10 millones de estudiantes de colegio en el país han permanecido lejos de sus aulas de clase. En medio de esta coyuntura desafiante que ha impuesto el coronavirus, se tomó la decisión de adoptar el modelo de alternancia para volver a clases. Pero este retorno no ha sido tarea fácil.

A la fecha, 93 de las 96 entidades territoriales certificadas, es decir, el 97 %, tienen en marcha procesos de retorno gradual, progresivo y seguro a las aulas. Solo las Secretarías de Zipaquirá, Ciénaga y Lorica aún no empiezan el proceso de alternancia.

A pesar de que el balance parece positivo, muchos expertos aseguran que la cifra es engañosa, dado que el proceso de reapertura de colegios se debería medir sobre estudiantes y no en secretarías de Educación. Así lo considera la experta Isabel Segovia: “La situación de la educación es crítica y nos quieren hacer creer que no es así”.

De acuerdo con el Observatorio de Gestión Educativa de la Fundación Empresarios por la Educación, el avance en la reapertura es apenas mínimo. De los casi 9,3 millones de estudiantes matriculados en educación básica y media en 2021, apenas poco más de un millón ha regresado a la presencialidad, es decir, el 11,6 % del total.

Teniendo en cuenta que este retorno a clases se está dando a cuentagotas, la asociación de padres Red PaPaz había presentado en días pasados una tutela contra el Ministerio de Educación, el ICBF, la Gobernación de Cundinamarca y la Secretaría de Educación de Bogotá buscando el retorno inmediato a la presencialidad en los colegios públicos.

Red PaPaz también exigía medidas inmediatas para retomar la atención integral a la primera infancia, así como proteger los derechos fundamentales y prevalentes de niñas, niños y adolescentes al desarrollo integral en la primera infancia, a la vida, a la educación, al cuidado y amor, a la salud, a la alimentación, a la comunicación, a la integridad y a la igualdad.

Aunque en el recurso judicial la asociación de padres expuso varias de las razones por la que es vital que los niños regresen a las aulas, tal y como las pérdidas en el aprendizaje y afectaciones a la salud emocional, menores ingresos, la tutela fue negada por la jueza Stella María Osorno Bautista, del Juzgado Sexto Laboral del Circuito en Bogotá por considerar el recurso improcedente.

De esta manera, el retorno de estudiantes a las aulas seguirá dependiendo de las labores que hagan las entidades territoriales, que son las que deben aprobar los planes de alternancia de los diferentes colegios y ejecutar los recursos para dotar a las instituciones educativas para que cumplan con las medidas de bioseguridad. Aunque el Gobierno destinó $400.000 millones para este objetivo, apenas se ha ejecutado el 20 %.

“La alternancia y el retorno de niñas, niños y adolescentes a clases presenciales de manera “gradual y progresiva” es discriminatorio, ya que al delegar la implementación de este modelo condena a población de bajos recursos y ubicada en zonas rurales sin acceso a internet”, señaló Red PaPaz.

Por el momento, los ministerios de Educación y Salud emitieron la circular conjunta No. 026 del 31 de marzo de 2021, en la que se ratifica la obligación para todos los servidores públicos y los particulares de realizar la apertura de las escuelas y colegios bajo los protocolos de bioseguridad como una prioridad de salud pública, como ya lo había señalado el numeral 2.3 de la Resolución 222 del 25 de febrero de 2021.

Para tal fin, la circular establece cuatro recomendaciones para que sean tenidas en cuenta en los contextos regionales, de acuerdo con las condiciones sanitarias de cada territorio:

• Avanzar y mantener la apertura de instituciones educativas y de las clases presenciales, de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Educación y las directrices sobre Alternancia Educativa.
• Continuar de manera cierta, segura y decidida la implementación de los protocolos de bioseguridad al interior de las instituciones educativas tal y como se describe en la Resolución 1720 de 2020.
• Reconocer y prevenir los impactos en la salud que genera el cierre de las instituciones en los niños, niñas y adolescentes.
• En casos en los que se presenten brotes al interior de las instituciones, la Secretaría de Salud determinará las acciones pertinentes para suspender temporalmente las actividades por el tiempo mínimo requerido con el propósito de proteger la salud y el bienestar de la comunidad educativa.